Ley de derribo: Análisis Político-Normativo: La Erosión del Límite entre Seguridad y Defensa en Argentina (1983-2026)

El "Consenso Básico" y la Arquitectura de la Post-Dictadura

La restauración democrática de 1983 en la República Argentina no solo significó la recuperación de las libertades civiles, sino también la edificación de un "consenso básico" multipartidario que operó como piedra angular de la estabilidad institucional. Este acuerdo se cimentó sobre una premisa estratégica irrenunciable: la supervivencia del orden constitucional dependía de la separación absoluta entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, extirpando de raíz la Doctrina de la Seguridad Nacional que había viabilizado el terrorismo de Estado y la deliberación castrense en la política doméstica durante la última dictadura militar.

Esta arquitectura institucional se blindó formalmente mediante un plexo normativo robusto y progresivo. La Ley de Defensa Nacional de 1988 restringió el empleo de las Fuerzas Armadas exclusivamente ante agresiones perpetradas por Estados extranjeros. Posteriormente, la Ley de Seguridad Interior de 1992 delimitó las funciones de las fuerzas de seguridad federales en el ámbito civil y reguló el apoyo logístico militar de manera estrictamente excepcional. Complementando este entramado, la Ley de Inteligencia Nacional de 2001 prohibió taxativamente la realización de inteligencia interna de carácter militar, y finalmente, el Decreto N° 727 de 2006 reglamentó la Ley de Defensa bajo un criterio restrictivo que ratificaba el principio de agresión estatal externa como único disparador del accionar castrense.

Como señala la politóloga Rut Diamint, esta demarcación estricta fue el instrumento político que posibilitó la subordinación real del poder militar a la conducción política civil. Este diseño transformó a la Argentina en un modelo regional de profesionalización y control democrático que contrastaba abiertamente con la realidad de la región andina y el Cono Sur, donde la militarización del orden público ha sido históricamente una constante estructural.

No obstante, este paradigma comenzó a sufrir erosiones paulatinas ante las presiones orgánicas del "Modelo de Seguridad Estándar" promovido por Washington, el cual propugna globalmente la reconversión de las fuerzas militares en vectores de combate contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

La Administración de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): Cooperación en la Tensión

La gestión de Cristina Fernández de Kirchner exhibió una marcada paradoja analítica: una narrativa exterior de fuerte distanciamiento retórico respecto a las agendas de seguridad de los Estados Unidos que coexistió con una interoperabilidad institucional soterrada. A pesar de los picos de tensión diplomática de la época —como el caso del "Valijagate" en 2007, las filtraciones de Wikileaks o el incidente del decomiso del avión militar estadounidense en Ezeiza en 2011—, la cooperación técnica bilateral persistió a través de los canales formales del Acuerdo N° 9584 y las iniciativas operativas de la DEA.

Ante la retracción de los lazos tradicionales con el Comando Sur debido al sesgo ideológico del gobierno, la Drug Enforcement Administration (DEA) emergió como el actor central de la norteamericanización de la seguridad local.

Su función principal en el territorio no fue obturar flujos masivos de estupefacientes hacia el hemisferio norte, dado que Argentina actúa como país de tránsito y consumo, no como productor estratégico, sino modelar la inteligencia criminal y ejercer influencia directa sobre las agencias locales y provinciales de seguridad.

A nivel doméstico, la erosión de la frontera jurisdiccional fue utilizada como un mecanismo de supervivencia política y control territorial. El ascenso del General César Milani a la jefatura del Ejército entre 2013 y 2015 formalizó esta deriva, caracterizada por la elución del control civil tradicional.

Las F.F. A.A. comenzaron a intervenir de forma directa en el diseño de políticas de seguridad e inteligencia interna, puenteando las estructuras del Ministerio de Defensa.

Bajo el concepto de "articulación inteligente", los Operativos Escudo Norte y Fortín II desplegaron efectivos del Ejército en tareas de vigilancia y radarización en la frontera norte. Aunque estas medidas evitaron reformar el marco legal de fondo, flexibilizaron de facto la práctica normativa y prepararon el terreno para la reconfiguración estructural que sobrevendría con el cambio de ciclo político.

La Administración de Mauricio Macri (2015-2019): El Giro hacia la Securitización Explícita

El alineamiento geopolítico impuesto por Mauricio Macri a partir de 2015 implicó la adopción doctrinaria de la agenda global de las "Nuevas Amenazas", tales como el narcotráfico, el terrorismo internacional y el cibercrimen.

La seguridad interior fue elevada a vector prioritario de la política exterior, abriendo los canales de asistencia del Departamento de Defensa norteamericano y formalizando la injerencia de la Guardia Nacional de Georgia mediante el State Partnership Program.

Dicho programa funcionó como una estrategia de bajo perfil para asimilar capacidades militares a las tareas de seguridad ciudadana sin asumir el costo político que supondría el despliegue visible de tropas extranjeras en el territorio nacional.

El verdadero punto de quiebre se produjo al transitar de una militarización informal a una institucionalización normativa explícita. El hito fundamental de este proceso fue el Decreto N° 683 de 2018, el cual modificó sustancialmente la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional heredada de 2006.

Al eliminar el requisito que restringía el empleo de las Fuerzas Armadas exclusivamente ante agresiones perpetradas por Estados extranjeros, el Poder Ejecutivo habilitó legalmente la intervención militar frente a amenazas externas de carácter no estatal, abriendo la puerta a organizaciones criminales complejas.

Un caso de estudio relevante de esta deriva fue la implementación del denominado Protocolo de Protección del Espacio Aéreo, comúnmente conocido como Ley de Derribo.

Esta medida expuso profundas asimetrías operativas, al autorizarse la interceptación y destrucción de vectores aéreos hostiles mediante la adquisición de aeronaves Texan T6-C.

Estas unidades, diseñadas originalmente para el entrenamiento básico de pilotos y carentes de los sistemas de armamento, aviónica e inteligencia de combate requeridos para misiones de interceptación real, demostraron que la medida poseía un carácter predominantemente simbólico.

Se priorizó la señalización política de alineamiento hacia Washington y el efectismo punitivo sobre la consolidación de una infraestructura seria de inteligencia criminal estratégica. Paralelamente, la inauguración de un Fusion Center y de una Task Force en la Triple Frontera completaron el ciclo de integración de la inteligencia militar en el ámbito de la seguridad pública nacional.

Dinámicas Posteriores (2019-2026): De la Restauración Pendular al Despliegue en Rosario

El devenir contemporáneo de la problemática demuestra que la erosión del límite normativo no constituyó un hecho histórico aislado, sino un proceso incremental y bidireccional que continuó profundizándose en los años subsiguientes.

Durante la gestión de Alberto Fernández entre 2019 y 2023, se ensayó un retorno formal al espíritu restrictivo del consenso post-dictadura. Mediante el Decreto N° 571 de 2020, se derogó la reforma macrista y se restituyó la vigencia plena del criterio de agresión estatal externa. Sin embargo, la agudización de la crisis de violencia narcocriminal en la ciudad de Rosario generó fisuras estructurales en el discurso oficial.

Hacia inicios de 2023, bajo la intensa presión de la opinión pública y los gobiernos locales, el Poder Ejecutivo ordenó el despliegue de la Compañía de Ingenieros del Ejército para realizar tareas de urbanización e infraestructura en barrios vulnerables controlados por las bandas delictivas.

Esta medida, catalogada de emergencia como una misión subsidiaria humanitaria, evidenció cómo la urgencia de sseguridad civil termina forzando el empleo militar como último recurso del Estado.

A partir de diciembre de 2023, la administración de Javier Milei impulsó una ruptura doctrinaria radical que se consolidó de manera definitiva en el escenario político actual.

Bajo la órbita de las carteras de Seguridad y Defensa, el gobierno implementó un giro drástico mediante la firma de Resoluciones Conjuntas y propuestas de reformas legislativas profundas destinadas a modificar la Ley de Seguridad Interior. Se formalizó y amplió el despliegue logístico, táctico y operativo de las Fuerzas Armadas en Rosario bajo el paraguas de comités de crisis unificados.

La defensa conceptual de la administración actual se sostiene sobre la asimilación del narcotráfico al delito de "narcoterrorismo", categorizándolo formalmente como una amenaza directa a la soberanía nacional que justifica la intervención de los medios militares tradicionales. Este giro desplaza de forma definitiva el eje del debate desde la contención democrática y la separación de funciones hacia una doctrina de eficiencia de tintes fuertemente punitivos y de militarización abierta del espacio público urbano.

Perspectiva Teórica y Discursiva: Securitización frente a De-securitización

El análisis del discurso político es el lente analítico indispensable para comprender cómo se edifica socialmente la percepción de urgencia en la sociedad civil. Siguiendo los postulados de la Escuela de Copenhague desarrollados por Barry Buzan y Ole Wæver, se observa la configuración de un acto donde habla de seguridad altamente exitoso que se consolidó de manera transversal en el sistema político local.

Diversos actores del arco oficialista y opositor compitieron sistemáticamente por definir al narcotráfico como una amenaza existencial para la supervivencia del Estado argentino, hallando en el electorado una audiencia predispuesta a convalidar medidas de excepción y el despliegue castrense en las calles.

Este proceso se ha valido secularmente de etiquetas geopolíticas estigmatizantes como la "Colombianización" o la "Mexicanización" de la periferia urbana nacional.

No obstante, estas categorías adolecen de un profundo déficit de rigor empírico cuando se contrastan con la realidad sociológica local. Mientras que en los escenarios de México o Colombia el fenómeno involucra a carteles transnacionales con ejércitos privados e infraestructura de exportación a gran escala que disputan el monopolio de la fuerza con el Estado, el mercado doméstico argentino se compone de redes delictivas locales altamente fragmentadas, de escala barrial o regional, y con un control territorial acotado que dirimen disputas horizontales por mercados de menudeo.

El uso político de estos conceptos de importación buscó legitimar políticas de mano dura e intervenciones de excepción eludiendo las causas socioeconómicas del fenómeno.

Frente a esta avanzada, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad epistémica de derechos humanos lideraron movimientos de de-securitización, intentando devolver el debate al marco de la salud pública, la inteligencia criminal estratégica y el fortalecimiento de la legalidad institucional.

Sin embargo, en el contexto contemporáneo, las fuerzas de-securitizadoras muestran una notable pérdida de tracción frente a una demanda social de orden que prioriza la respuesta armada inmediata sobre la sostenibilidad de largo plazo de las garantías constitucionales.

Conclusiones: El Modelo Híbrido de Complementariedad Ad-Hoc

La evolución del sistema político-normativo argentino demuestra que el país no adoptó de forma similar el Modelo de Seguridad Estándar promovido desde el exterior, sino que configuró un modelo propio caracterizado como un sistema híbrido de complementariedad ad-hoc.

En este esquema, las agencias del Estado y las élites políticas locales instrumentalizan de forma selectiva las doctrinas globales para dirimir disputas presupuestarias internas, consolidar cuotas de poder institucional y satisfacer las demandas punitivas de la opinión pública.

El análisis pormenorizado permite extraer tres hallazgos críticos fundamentales:

En primer lugar, se constata una marcada asimetría estratégica. Al carecer de cultivos a gran escala o laboratorios de procesamiento de envergadura global, la presión internacional sobre el país no obedece al control efectivo de flujos de estupefacientes hacia los centros de consumo masivo, sino a la inserción de la infraestructura argentina en el dispositivo de seguridad hemisférica e influencia geopolítica en áreas de alto valor estratégico, como la Triple Frontera, el litoral fluvial de la Hidrovía y la proyección antártica.

En segundo lugar, destaca el protagonismo central de las élites locales. La degradación de los límites legales establecidos en la post-dictadura no es un mero fenómeno de imposición externa o imperialista. Ha sido motorizada activamente por decisores políticos domésticos de diversos signos que han visto en la movilización de las Fuerzas Armadas una herramienta expeditiva de marketing político, un analgésico social ante la inseguridad o un canal para justificar el rediseño presupuestario y el blindaje de la inteligencia interior.

En tercer lugar, el proceso presenta una profunda vulnerabilidad institucional acompañada de una insostenibilidad operativa estructural. Existe una brecha insalvable entre los decretos y resoluciones gubernamentales que propugnan la militarización de la seguridad y las capacidades técnico-materiales reales de unas Fuerzas Armadas crónicamente desfinanciadas y desprovistas de equipamiento moderno.

El empleo de personal castrense en funciones de seguridad interior sin la doctrina adecuada, el entrenamiento específico ni el marco de protección legal idóneo no solo erosiona su capacidad de defensa principal frente a riesgos reales, sino que multiplica exponencialmente el riesgo de violación de los derechos humanos y la penetración de la corrupción en las estructuras militares.

La naturalización de estas reformas pone en jaque definitivo la vigencia del consenso fundacional de 1983. De profundizarse la seguridad del orden público sin un debate parlamentario riguroso, técnico y desapasionado, la Argentina se encamina a consolidar un escenario de militarización fáctica que disuelve la distinción clásica entre la defensa externa y la seguridad interior, alterando de modo irreversible la calidad democrática y la arquitectura institucional de la nación.

NOTA DEL REDACTOR: Debemos comprender que los actores criminales de hoy no son improvisados que delinquen por oportunidad sino que están organizados y estructurados como empresas multinacionales, diversificados y especializados por áreas.

Les resulta tan sencillo proveerse de armas como un AR-15, un AK-47, una Glock como de equipamiento tecnológico militar de avanzada. En consecuencia, la Ley de Derribo debe ser debatida en profundidad entendiendo que no merece el mismo tratamiento una avioneta que se desvió de su plan de vuelo que un UAV, (dron), no identificado o con un operador desconocido.

FUENTES:

·Universidad de la Defensa Nacional Revista científica N° 10

·Noticias Criminis: Dr. Abel Cornejo - LEY DE DERRIBO - ¿POR QUÉ NO SE IMPLEMTA EN ARGENTINA TODAVÍA?

·C.E.LS.: Documento Colectivo - La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas

·www.lavoz.com.ar: Griselda Baldata / Exdiputada nacional, presidenta de la Comisión de Seguridad - Ley de derribo: controvertida y necesaria

·Senado de la Nación Secretaría Parlamentaria: Adriana Bortolozzi de Bogado - SEGURIDAD DEL ESPACIO AÉREO - (S-0110/11)

·Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte: GARCÍA-HUIDOBRO, JOAQUÍN; MIRANDA MONTECINOS, ALEJANDRO - SOBRE LA LICITUD DE LA DESTRUCCIÓN DE UNA AERONAVE AGRESORA QUE LLEVA PASAJEROS INOCENTES

·Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas: CORONEL RICARDO DANIEL BELDI - REPENSANDO LA SEGURIDAD EN AMÉRICA DEL SUR DESDE UN PUNTO

·GEOPOLÍTICO Y GEOESTRATÉGICO

·UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA: Lic. Damián Gariglio: ¿Hacia una militarización sostenida en la lucha contra el Narcotráfico en la Argentina?