Santo Tomé: el PJ advierte que "no están dadas las condiciones" para el traspaso del agua y reclama una audiencia pública y una auditoría por la deuda con ASSA

El traspaso de los servicios de agua potable y cloacas de Santo Tomé a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) continúa generando cuestionamientos políticos. El concejal del Partido Justicialista (PJ), Rodrigo Alvizo, expresó su preocupación por la ordenanza aprobada el pasado martes en el Concejo Municipal y reclamó mayor información sobre las condiciones de la transición, el destino de los recursos recaudados y la deuda que el municipio mantiene con la empresa provincial.

En diálogo con UNO 106.3, el edil sostuvo que todavía no están dadas las condiciones para avanzar con el cambio de prestador y cuestionó que la iniciativa se haya aprobado sin contar, según planteó, con información suficiente sobre los aspectos económicos, operativos y laborales.

“Preocupado por lo que se aprobó el martes en la sesión. Para nosotros, en estas condiciones no se puede dar un traspaso”, afirmó.

La ordenanza obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, con el respaldo de los cinco concejales de Unidos y de Giselle Miravete, de La Libertad Avanza. Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell, del justicialismo, votaron en contra.

La aprobación habilita al Ejecutivo municipal a iniciar las gestiones administrativas, técnicas e institucionales para avanzar con el traspaso. Sin embargo, todavía resta definir y suscribir el convenio entre el Municipio, el Gobierno provincial y ASSA, además de establecer las condiciones concretas de la transición.

La deuda de más de $6.000 millones y el pedido de auditoría

Uno de los principales cuestionamientos de Alvizo está relacionado con la deuda que, según fuentes oficiales de ASSA citadas por el concejal, supera los $6.000 millones.

“Claramente hace falta más información, hace falta saber qué se hizo con el dinero de los santotomesinos que se recaudó por tasa de obras sanitarias. No se pagó a ASSA y se generó una deuda de más de 6.000 millones de pesos”, sostuvo.

El edil recordó que el año pasado la oposición había advertido sobre una deuda de aproximadamente $2.500 millones. Según relató, durante una interpelación a la secretaria de Hacienda, el Ejecutivo informó que se había firmado un convenio para regularizar ese monto, del cual se habrían abonado solamente dos o tres cuotas.

“Se cayó el convenio, siguió habiendo más deuda y hoy llegamos a una deuda de más de 6.000 millones de pesos, que no es poca cosa para el presupuesto santotomesino, representa aproximadamente el 10%”, señaló.

En ese contexto, planteó interrogantes sobre quién deberá afrontar el pasivo una vez concretado el cambio de prestador.

“¿A quién le van a cobrar la deuda? ¿Le van a cobrar la deuda nuevamente a los vecinos de Santo Tomé, que ya pagaron, o le van a cobrar al gobierno que viene, que no tiene nada que ver con la irresponsabilidad del gobierno anterior?”, preguntó.

Alvizo reclamó una auditoría externa a través del Tribunal de Cuentas de la provincia para determinar cómo se acumuló la deuda y conocer el manejo de los recursos vinculados con el servicio. También advirtió que podrían existir responsabilidades administrativas o penales, aunque aclaró que no cuenta con información suficiente para determinarlo.

“Entendemos que pudo haber malversación de fondos, pudo haber administración fraudulenta de caudales públicos o incumplimiento de deberes de funcionario público. Pudo haber un abanico de delitos, pero realmente no lo sabemos hasta tanto no haya una auditoría o no nos den la información necesaria”, afirmó.

Se trata de posibles irregularidades mencionadas por el concejal, que no constituyen hechos comprobados.

Audiencia pública y mayor control del Concejo

Frente al avance de las gestiones, el edil reclamó que los vecinos tengan participación en la discusión y que el cuerpo legislativo intervenga en las decisiones que puedan comprometer recursos municipales.

“Necesitamos una audiencia pública para saber qué es lo que opina el vecino de Santo Tomé con relación al traspaso. Necesitamos escuchar a los vecinos”, manifestó.

Alvizo explicó que el bloque justicialista presentó un dictamen en minoría con modificaciones al proyecto. Entre sus planteos, propuso que los convenios que el Ejecutivo pueda firmar con un futuro prestador de servicios públicos deban pasar expresamente por el Concejo para su aprobación.

Durante el tratamiento de la ordenanza se incorporó una modificación que establece la intervención y aprobación previa del Concejo para los instrumentos que impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, la disposición de bienes municipales o cambios en la situación del personal afectado al servicio.

Sin embargo, para Alvizo, todavía faltan definiciones centrales para evaluar el alcance del traspaso y sus consecuencias para la ciudad.

Qué pasará con las obras y los 80 trabajadores municipales

Otro de los puntos que el concejal consideró pendientes es el futuro de los 80 empleados y empleadas municipales afectados a obras sanitarias.

“Nosotros no tenemos nada formal con relación a la estabilidad laboral de los 80 empleados y empleadas que están afectados a obras sanitarias en la ciudad de Santo Tomé”, señaló al recordar una reunión mantenida con representantes de los trabajadores municipales.

Por eso, pidió que el proceso contemple la participación del gremio y que se definan garantías laborales antes de avanzar con la transición.

“Escuchemos también al gremio, escuchemos a los trabajadores”, reclamó.

El edil también enumeró interrogantes sobre la infraestructura y los recursos que actualmente están bajo responsabilidad municipal: la planta de tratamiento de líquidos cloacales, las cañerías, las bombas, las válvulas y los vehículos afectados al servicio.

“Al no estar el convenio no se sabe cuál va a ser el plan de obra, no se sabe cuánto va a ser la inversión que va a hacer ASSA en Santo Tomé”, sostuvo.

Según Alvizo, en conversaciones informales se mencionó una inversión de entre $6.000 millones y $9.000 millones, aunque cuestionó que todavía no se haya presentado un plan detallado que permita conocer las obras previstas y sus plazos.

El esquema anunciado por la Provincia contempla una etapa de gestión compartida de seis meses y apunta a que ASSA asuma integralmente el servicio en junio de 2027. El compromiso de inversión informado oficialmente es de $6.000 millones durante tres años.

La alternativa que propone el PJ

Alvizo cuestionó la decisión política de avanzar con el traspaso y sostuvo que, desde su perspectiva, el servicio podría haberse mejorado sin dejar de estar bajo gestión municipal.

“Nosotros sí teníamos una propuesta si quedaba como servicio municipal, que tiene que ver con la creación de un departamento de obra sanitaria, hacer más eficiente el sistema de reclamos, hacer más eficiente el servicio”, explicó.

Para el concejal, una mejora de la prestación debía contemplar una tarifa razonable, una utilización más eficiente de los recursos humanos y económicos del municipio y un programa de obras que permitiera resolver los problemas estructurales.

Además, vinculó las dificultades del servicio con una decisión política de avanzar hacia un cambio de gestión.

“Este es el manual de la privatización: dejar caer los servicios para que la gente misma diga: ‘Esto no puede seguir sucediendo así. Nosotros queremos agua y si no lo puede brindar el municipio, que lo brinde un privado’”, afirmó.

El corte de agua reavivó la discusión

La controversia por el traspaso se profundizó luego de las interrupciones del suministro registradas durante el último fin de semana. Alvizo consideró que el episodio evidenció la necesidad de contar con infraestructura y alternativas operativas para responder ante una emergencia.

“El caño que se corta fue antes de la ciudad de Sauce Viejo, tiene que ver con un caño del acueducto Desvío Arijón, y en tres días no pudieron solucionar el problema”, sostuvo, al responsabilizar a ASSA por la demora en la reparación.

No obstante, también apuntó contra el municipio por no contar, según su planteo, con una alternativa para garantizar el abastecimiento.

“Santo Tomé estuvo tres días sin agua por una decisión de ASSA, pero también por una decisión del gobierno municipal de no tener un plan B”, expresó.

Los puntos pendientes del traspaso

Con la ordenanza aprobada, el Ejecutivo de Santo Tomé quedó habilitado para avanzar con las gestiones destinadas al cambio de prestador. La definición del convenio, las inversiones, la situación de los trabajadores y el tratamiento de la deuda serán aspectos centrales de la próxima etapa.

Alvizo adelantó que el bloque justicialista seguirá de cerca la evolución del pasivo y los acuerdos que se firmen con la empresa provincial.

“Vamos a seguir de cerca el tema de la deuda, vamos a seguir de cerca el tema de los convenios que se firmen con ASSA. Creemos que el Concejo tiene que tener injerencia y la aprobación necesaria en el momento que corresponda”, concluyó.