Defendamos las Pymes

En la República Argentina, los acontecimientos económicos y sociales se suceden con una intensidad que obliga a quienes tenemos responsabilidades empresariales e institucionales a reflexionar, pero, fundamentalmente, a ocuparnos de los problemas que afectan a nuestra sociedad.

Desde CAME, los dirigentes de todo el país venimos debatiendo la realidad de las pequeñas y medianas empresas y la necesidad de construir una agenda que permita recuperar el empleo, promover el desarrollo y generar oportunidades para todos los argentinos.

Los pequeños comerciantes, los industriales y los emprendimientos familiares, que diariamente luchamos por sostener nuestras actividades, hoy debemos preocuparnos y ocuparnos también por el futuro de la empleabilidad. La pérdida de puestos de trabajo, las dificultades para sostener la actividad económica y la incertidumbre que enfrentan numerosas empresas constituyen señales de alarma que no podemos ignorar.

Los empresarios PyMEs tenemos muy claro que detrás de cada puesto de trabajo que se pierde hay una persona, una familia y un proyecto de vida. También sabemos que quienes quedan fuera del mercado laboral pueden encontrar serias dificultades para reinsertarse, especialmente cuando la falta de oportunidades se prolonga en el tiempo.

Sí, un gran problema. ¿Por qué lo digo?

Primero, porque a más desempleo menor consumo. Es matemático. Segundo, porque cada año se incorporan nuevos jóvenes al mercado laboral. Si no conseguimos generar suficientes puestos de trabajo, tendremos una demanda creciente de empleo frente a una oferta que puede resultar insuficiente. Esto significa más competencia por las oportunidades disponibles, mayores dificultades para quienes buscan su primer trabajo pero también menores posibilidades de reinserción del segmento de cuarenta y cinco años en adelante.

Tercero, porque el mundo laboral está experimentando una transformación profunda. La incorporación de nuevas tecnologías, la automatización de procesos y el avance de la inteligencia artificial están modificando la manera de producir, comercializar y prestar servicios.

Las PyMEs siempre nos hemos caracterizado por nuestra capacidad de trabajo, por el trato con el personal y por una modalidad de producción que requiere una importante participación de mano de obra. Sin embargo, también debemos adaptarnos a los cambios tecnológicos, porque de ello depende nuestra competitividad y, muchas veces, nuestra propia supervivencia.

Pero debemos preguntarnos: ¿cómo hacemos para incorporar nuevas tecnologías, mejorar la productividad y reducir costos sin profundizar la exclusión laboral?

No podemos ignorar los avances, pero tampoco podemos aceptar que el progreso se mida únicamente por la reducción de costos, sin considerar sus consecuencias sociales. La modernización debe servir para mejorar la calidad de vida, crear nuevas oportunidades y fortalecer nuestras empresas, no para condenar a miles de personas a la incertidumbre permanente.

Nosotros, en CAME, lo entendemos. Nos preocupa y nos ocupa.

Por eso, desde nuestras entidades empresariales debemos promover espacios de diálogo y trabajo que permitan analizar un nuevo marco de relaciones laborales, revisar las normas que han quedado desactualizadas, facilitar la incorporación de trabajadores y encontrar mecanismos que otorguen previsibilidad tanto al empleador como al empleado. Y fundamentalmente capacitar.

Necesitamos reglas claras, procedimientos razonables, convenios colectivos acordes con las nuevas realidades productivas y una legislación que contemple las particularidades de las pequeñas empresas. No se trata de quitar derechos, sino de encontrar soluciones que permitan sostener los existentes y generar nuevos puestos de trabajo.

La necesidad de avanzar en este sentido es urgente. Sin embargo, todavía encontramos obstáculos que dificultan la actividad productiva y la generación de empleo.

Me refiero a determinadas prácticas que, amparadas en intereses particulares, recurren a la intimidación, las descalificaciones y las presiones indebidas como herramientas para imponer posiciones. Estas conductas no solamente perjudican a los empresarios: también ponen en riesgo los puestos de trabajo y afectan directamente a quienes necesitan conservar su fuente de ingresos.

En distintas oportunidades, en el pasado reciente, hemos visto cómo conflictos laborales, incluso aquellos originados en disputas que podrían resolverse mediante el diálogo, terminan paralizando establecimientos y perjudicando a empresas que nada tienen que ver con el origen de la controversia. Hoy esos conflictos se dan con algunos funcionarios y con algunos dirigentes de visión corta de la realidad y profundo egoísmo.

Pero, ¿Y la voluntad del trabajador dónde queda? ¿Y los derechos del empresario? ¿Quién protege a quienes desean trabajar, producir y sostener sus fuentes de ingresos o sus emprendimientos?

Cuando una empresa deja de producir, pierde ventas, compromete sus obligaciones y pone en riesgo su continuidad. Si el conflicto se prolonga, el daño puede volverse irreversible. Y cuando una PyME cierra sus puertas, no desaparece solamente una unidad económica: también se pierden puestos de trabajo, conocimientos, inversiones y oportunidades que muchas veces tardaron décadas en construirse.

¿Y la Justicia? La Justicia no puede permanecer ajena a estos conflictos. Su función es garantizar el cumplimiento de la ley, proteger los derechos de todos y actuar con la celeridad que cada situación requiere. No puede haber trabajadores obligados a aceptar condiciones abusivas, pero tampoco empresarios sometidos a presiones ilegítimas que les impidan desarrollar su actividad.

El derecho a reclamar debe ejercerse dentro del marco legal y con respeto por los derechos de los demás. Ninguna reivindicación justifica la violencia ni la vulneración de los derechos de terceros.

Si aspiramos a construir un país serio, debemos comprender que la seguridad jurídica no es un beneficio exclusivo de las grandes empresas. Es una necesidad fundamental para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para soportar prolongados conflictos y pérdidas económicas.

En tiempos difíciles tenemos que ponernos los pantalones largos y pensar, por encima de los intereses particulares, en el bienestar de nuestra comunidad.

Muchas veces se califica de vagos a quienes reciben una asistencia social. Es una generalización injusta. En numerosos casos, estamos frente a personas que desean trabajar, pero que no encuentran oportunidades, carecen de capacitación adecuada o han quedado desplazadas por las transformaciones económicas y tecnológicas.

Son personas que necesitan una oportunidad para recuperar su autonomía, su dignidad y la posibilidad de construir un futuro para sus familias.

Se reclama a las empresas que deben innovar para no desaparecer. Pero ¿El Estado brinda las condiciones para ello? ¿Describe un rumbo y un destino claro que permita orientar a empresarios PyMEs?

El Estado debe garantizar reglas previsibles, seguridad jurídica, una presión tributaria razonable y condiciones que permitan a las PyMEs invertir, innovar y competir. No se puede exigir productividad y generación de empleo si, al mismo tiempo, se mantienen obstáculos que dificultan el crecimiento y desalientan la contratación formal.

El empleador, por su parte, muchas veces también tiene miedo. Miedo a contratar, a no poder afrontar los costos, a quedar atrapado en un conflicto que paralice su actividad o a no contar con herramientas legales eficaces para resolverlo. A no poder competir en igualdad de condiciones. Cuando ese temor se convierte en una barrera para generar empleo, pierde el empresario, pierde el trabajador y pierde toda la sociedad.

Nadie puede permanecer indiferente frente a esta realidad. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo para preparar a los jóvenes, capacitar a quienes perdieron su empleo y facilitar la reinserción de los trabajadores que quedaron fuera del sistema productivo. Recuperar a las PyMEs que han caído en estos últimos años. Recuperar la experiencia.

También debemos preguntarnos por qué, como sociedad, no hemos conseguido erradicar situaciones de explotación, informalidad y trabajo esclavo en establecimientos clandestinos. La defensa de los derechos laborales no puede ser selectiva ni limitarse a quienes tienen mayor capacidad para hacerse escuchar. Todo trabajador merece protección, especialmente aquel que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad.

Y cuando hablamos de quienes reciben una asistencia social, no debemos olvidar que la exclusión laboral no siempre es una elección individual. Muchas veces es la consecuencia de un sistema que no consigue ofrecer oportunidades suficientes, de una economía que no genera empleo formal o de una sociedad que se acostumbra a convivir con desigualdades que deberían avergonzarnos.

Por supuesto, también debemos exigir transparencia y responsabilidad a quienes ejercen funciones de representación y administración de recursos públicos o privados. La responsabilidad institucional debe traducirse en conductas honestas, rendición de cuentas y compromiso efectivo con el bien común.

Nosotros, los pequeños y medianos empresarios, sabemos que generar empleo no es una tarea sencilla. Detrás de cada contratación hay una decisión que implica asumir riesgos, afrontar obligaciones y comprometer recursos. Pero también sabemos que el trabajo es mucho más que una relación económica: es una herramienta de integración social, de realización personal y de construcción familiar.

Por eso debemos promover la capacitación, facilitar el acceso de los jóvenes al primer empleo, incentivar la contratación formal y fortalecer la articulación entre el Estado, las empresas y las instituciones educativas. Necesitamos políticas que acompañen a quienes quieren trabajar y a quienes están dispuestos a invertir y generar oportunidades.

Cuando una empresa se ve obligada a cerrar, no solamente pierde su propietario. También pierden los trabajadores, sus familias, los proveedores, los comerciantes de la zona y la comunidad que dependía de su actividad.

Las PyMEs no respondemos a la violencia con más violencia. Intentamos sostener nuestras actividades, cumplir con nuestras obligaciones y preservar el empleo. Pero tenemos límites económicos y humanos que no podemos desconocer.

Cuando una empresa cierra, quienes terminan pagando las consecuencias son, precisamente, los trabajadores y sus familias. Muchos pierden también la posibilidad de continuar con su formación, sostener sus hogares y proyectar su futuro. ¿Quién se ocupa entonces de ellos?

Todo lo expuesto debe llevarnos a una reflexión más profunda. Tenemos problemas económicos, dificultades sociales y transformaciones tecnológicas que desafían nuestra capacidad de adaptación. Pero también tenemos un problema ético y moral cuando se anteponen los intereses particulares al bien común, cuando se utiliza la fuerza para imponer una posición o cuando se mira hacia otro lado frente a la injusticia.

La ética y la moral no pueden ser solamente expresiones de un discurso. Deben traducirse en conductas concretas, tanto en la política como en las empresas, la Justicia y todas las instituciones de nuestra sociedad.

Trabajemos por un país en serio. Seamos sensatos.

Volvamos al diálogo. Escuchemos al que piensa diferente. Busquemos acuerdos que permitan compatibilizar los derechos de los trabajadores con la necesidad de producir, invertir y generar empleo.

Defender a las PyMEs no significa defender solamente a los empresarios. Significa defender las fuentes de trabajo, el comercio de cercanía, la producción nacional, los emprendimientos familiares y las oportunidades de miles de argentinos que dependen de estas actividades para vivir con dignidad.

Necesitamos reivindicar nuestro sentir patriótico. Pero debemos hacerlo con dignidad, honradez, responsabilidad y trabajo. No con violencia, ni con hostilidad o con indiferencia.

El futuro de nuestros hijos y nietos no puede quedar sujeto a disputas sectoriales ni a intereses particulares. Debemos construirlo entre todos, entendiendo que ninguna sociedad puede desarrollarse si destruye las fuentes de trabajo que necesita para sostenerse.

Defendamos a las PyMEs. Defendamos el trabajo. Defendamos el derecho de cada argentino a ganarse dignamente la vida.

Pensemos y obremos para los argentinos y para la Argentina.

ANTONIO FABIAN HRYNIEWICZ

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