El valor de las Pymes

Desde una perspectiva de desarrollo económico territorial, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) no deben ser interpretadas meramente como unidades contables o estadísticas, sino como el núcleo de la estabilidad social y la salvaguarda de la independencia económica nacional. Su análisis resulta vital para comprender la resiliencia del país ante choques externos; su arraigo territorial constituye un capital social que garantiza la persistencia del aparato productivo donde el capital transnacional suele retirarse. Existe una distinción ética y operativa fundamental entre el "verdadero empresario" y aquellos sectores prebendarios que actúan como parásitos del Estado, erosionando recursos públicos sin una contraprestación social tangible. Para el empresario PyME con visión de soberanía, el Estado es un cliente y no el cliente, una premisa que sustenta su autonomía y su compromiso con la excelencia. Esta ética se traduce en la provisión de servicios y obras en tiempo, forma y calidad, bajo la plena conciencia de que los destinatarios finales son sus propios vecinos y amigos. Este compromiso de proximidad actúa como una garantía de calidad orgánica inaccesible para las grandes corporaciones despersonalizadas, consolidando un tejido social basado en la confianza mutua que es, en última instancia, el cimiento sobre el cual se erige el 90% del empleo privado nacional.

La soberanía de una nación es proporcional a su nivel de autonomía laboral. Un sector privado extendido y diversificado constituye la única base real para el sustento poblacional y la estabilidad democrática. En este esquema, las PyMEs no son actores secundarios, sino los principales dinamizadores de la economía real, exhibiendo un comportamiento resiliente que contrasta con la volatilidad de la inversión extranjera directa, la cual suele contraerse ante la incertidumbre. La magnitud de este sector se refleja en indicadores estratégicos contundentes:

• Generación del 70% de los puestos de trabajo totales.
• Responsabilidad sobre el 90% del empleo privado (excluyendo la administración pública).

El descuido de este segmento productivo expone a la nación a una vulnerabilidad sistémica extrema. Mientras las grandes inversiones a menudo se anuncian como una "lluvia" que jamás llega a materializarse, las PyMEs permanecen en el territorio, sosteniendo el consumo y la producción incluso en ciclos recesivos. Esta estabilidad garantiza que la masa salarial y los recursos generados no se fuguen, sino que circulen y se preserven dentro de las fronteras locales, alimentando un circuito de crecimiento endógeno.

La circulación local del capital representa el antídoto más eficaz contra la fuga de divisas y es el motor fundamental del crecimiento regional. El concepto de reinversión local diferencia cualitativamente a la PyME de la gran corporación: mientras esta última suele remitir utilidades a casas matrices o mercados financieros, el empresario local reinvierte sus rentas en su propia comunidad, fomentando el surgimiento de nuevos emprendimientos subordinados o complementarios.

Este fenómeno está imbuido de un vínculo humano inquebrantable; el empresario conoce a sus trabajadores por nombre y apellido, integrándolos como aliados naturales e imprescindibles en la cadena de valor. Esta proximidad no solo humaniza la economía, sino que asegura una distribución equitativa de los beneficios, elevando directamente la calidad de vida y la infraestructura del entorno.

Sin embargo, este invaluable aporte al arraigo y al desarrollo regional enfrenta una asimetría regulatoria donde el valor social generado no es correspondido por el marco institucional vigente.

Resulta una contradicción estratégica que las PyMEs, siendo el principal sostén financiero del Estado, sean el sector que menos incentivos o privilegios recibe. Existe una transferencia de recursos implícita desde el sector productivo menor hacia sectores con mayor capacidad de presión política.

Mientras las PyMEs cumplen rigurosamente con sus obligaciones tributarias, esos mismos recursos suelen financiar beneficios para grandes corporaciones o sectores subsidiados, tales como condonaciones de deudas multimillonarias o tasas de financiación preferenciales a las que el pequeño emprendedor no tiene acceso.

Esta presión fiscal se ejerce sobre un sector que no recibe financiamiento excepcional ni moratorias extraordinarias, permitiendo con su esfuerzo la subsistencia de la estructura estatal. Es imperativo comprender que la independencia productiva es la única vía hacia una soberanía real y no una subordinada a políticas económicas erráticas; bajo esta lógica, el fortalecimiento de la capacidad de producción propia es el único camino para proyectar una nación económicamente sólida frente a los obstáculos cotidianos del mercado.

En escenarios de incertidumbre, la "tozudez" del empresario se revela como una virtud económica indispensable para mantener la persiana levantada. No obstante, esta resiliencia es socavada por una burocracia que exhibe una "creatividad" administrativa asfixiante.

Se observa una brecha tecnológica y operativa injusta: el Estado implementa con eficiencia digital sistemas de recaudación y control, (domicilio fiscal electrónico, sistemas de pago online, declaraciones juradas incesantes), pero no ofrece la misma agilidad para facilitar el acceso a créditos o beneficios productivos.

La asimetría regulatoria es flagrante: se llega a suspender el CUIT de una PyME por una diferencia de monedas o un error administrativo menor, mientras se otorgan facilidades y condonaciones a grandes corporaciones que adeudan fortunas al fisco.

El impacto de que el funcionario público actúe como un obstaculizador en lugar de un facilitador es devastador para el ánimo inversor. En este contexto, la persistencia del emprendedor local es el último bastión que sostiene la producción nacional, exigiendo un cambio de paradigma que priorice el desarrollo sobre la fiscalización punitiva.

El crecimiento nacional debe ser entendido como un proceso de escalabilidad productiva: la nación progresa genuinamente cuando existen las condiciones para que las pequeñas empresas se transformen en medianas, y estas alcancen la escala de grandes unidades competitivas.

Cuidar a la PyME no es un acto de benevolencia, sino una inversión estratégica en la supervivencia de la patria. Como bien se ha señalado en diversos foros políticos para demandar coherencia a la gestión pública, el país solo crece si se fortalece esta escalera de desarrollo.

Las PyMEs merecen ser escuchadas, cuidadas y, en términos de política de Estado, incluso "mimadas", reconociendo que no hay soberanía posible sin un sector productivo local robusto.

La autonomía de un país depende de la fortaleza de quienes producen, emplean y reinvierten en su propio territorio de manera ética y responsable.  

Sin PyMEs fuertes no existe Nación económicamente soberana.

     ANTONIO FABIAN HRYNIEWICZ