La ilegalidad y la precariedad social
Cuando en el año 2004 comenzamos en CAME con los Foros sobre Comercio Ilegal ya anticipábamos que la inacción del Estado tendría graves consecuencias a futuro y no nos equivocamos.
Las autoridades de aplicación, desde siempre, consideraron al mantero como un actor de economía de subsistencia, generando escasos recursos para el sostenimiento propio y familiar.
La consecuencia inmediata que hicimos notar fue la inequidad ante la Ley del comerciante legalmente habilitado, que debe cumplir con múltiples obligaciones bajo penas, en algunos casos muy severas y siempre de carácter pecuniario, mientras que quien desarrolla una actividad informal, en los hechos, recibe un tratamiento diferencial derivado de la falta o insuficiencia de control y fiscalización.
Esta situación, además de afectar el derecho de trabajar, ejercer toda industria lícita y comerciar reconocido por el Art. 14 de la Constitución Nacional, y el principio de igualdad ante la ley establecido en su Art. 16 y en el Art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pone de relieve una situación de competencia desleal y desigual frente a quien desarrolla su actividad dentro del marco legal.
El emprendedor formal tiene control efectivo de lo que comercializa, tributa, responde por las garantías y procedencia de sus mercaderías, genera fuentes de trabajo y, en pandemia, fue responsable por el resguardo de la salud de sus trabajadores y clientes.
El vendedor informal, en cambio, se caracteriza por desarrollar su actividad al margen de buena parte de estos recaudos, en condiciones de precariedad comercial y, cuando además comercializa mercadería de procedencia ilícita, sin documentación respaldatoria, falsificada o ingresada irregularmente al país, pone en serio riesgo los intereses de los ciudadanos y su seguridad integral.
Pero la ausencia del Estado en la aplicación de lo ya establecido normativamente ha llevado al ingreso a este procedimiento de cada vez más individuos, incluso extranjeros que vieron la oportunidad de desarrollar en Argentina actividades que se encuentran estrictamente vedadas o sometidas a controles mucho más rigurosos en sus países de origen.
Y llegamos a la actualidad en que algunos de estos actores están convencidos de que vender mercadería de procedencia ilegal y bajo la informalidad de la vía pública, en ferias comunitarias, por redes sociales e incluso en viviendas, es un derecho adquirido, esgrimiendo como justificativo su condición social de supuesta vulnerabilidad o por ejercer una economía de supervivencia.
Y digo “supuesta vulnerabilidad” porque cabe preguntarse si resulta razonable presumirla únicamente por la modalidad de comercialización, sin analizar el volumen, origen y valor de las mercaderías ofrecidas.
Lo expresado queda en evidencia con los múltiples procedimientos de las fuerzas de seguridad en los controles de ruta sobre micros que organizan “tour de compras” a países vecinos, en los que se incautan toneladas de mercaderías de todo tipo, de origen extranjero y sin aval aduanero, con el agravante de que en numerosos casos se trata de productos falsificados o comercializados en violación a la Ley de Protección de Marcas.
Estos operativos suelen ocasionar graves disturbios entre los propietarios de lo secuestrado y los funcionarios intervinientes, llegando, incluso, a la agresión.
Es hora de que en nuestro país se comience a aplicar las leyes vigentes con todo rigor para evitar situaciones como estas, en las que nadie sale beneficiado. Nunca se podrá resolver la vulnerabilidad social mediante la tolerancia frente al incumplimiento de las normas.
Por el contrario, esta situación puede generar un círculo de precariedad: la informalidad limita el acceso a derechos y mecanismos de protección, dificulta el crecimiento de la actividad, reduce las posibilidades de generar empleo formal y termina perpetuando las mismas condiciones de vulnerabilidad que se pretendía solucionar.
La visión equivocada de esta situación se agrava cada vez más, generando situaciones violentas y desalentando la inversión por los mecanismos previstos por las leyes vigentes.
La venta ilegal está presente en todos los rubros y ha avanzado territorialmente a todos los rincones del país, además de utilizar muy eficientemente las redes sociales para desarrollar nuevas modalidades de comercialización al margen de los controles fiscales, comerciales y aduaneros.
El problema ya no se limita al vendedor que ocupa la vía pública. La ilegalidad se adapta, se transforma y utiliza todos los medios disponibles para desarrollar sus actividades, evadiendo obligaciones fiscales y comerciales y, especialmente cuando se trata de mercaderías ilícitas o de procedencia irregular, poniendo en riesgo la salud y la seguridad pública, con las severas consecuencias que de ello se derivan.
La vulnerabilidad social debe ser atendida y solucionada por el Estado mediante políticas específicas de inclusión, capacitación, empleo y acceso a la formalidad, pero no puede convertirse en una justificación permanente para la informalidad o la ilegalidad.
Porque, en definitiva, la precariedad social no debería transformarse en precariedad comercial, ni la tolerancia frente a la ilegalidad puede ser presentada como una política de inclusión.
ANTONIO FABIAN HRYNIEWICZ
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