Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe: piden definir quién mantendrá las obras tras el evento deportivo

El diputado Marcos Corach volvió a poner el foco en una pregunta que atravesará el día después: quién administrará los nuevos espacios, quién pagará su mantenimiento y cómo podrán ser utilizados por atletas de toda la provincia.

Los Juegos Suramericanos 2026 ya tienen fecha de inicio y las tres ciudades sede atraviesan la etapa final de preparación. Pero mientras Santa Fe, Rosario y Rafaela se ponen a punto para recibir la competencia continental, comienza a tomar fuerza otra discusión: qué ocurrirá con toda la infraestructura construida o renovada una vez que termine el evento.

El Gobierno de Santa Fe lleva adelante una inversión superior a 90 millones de dólares vinculada a los Juegos, con 75 millones de dólares de financiamiento externo otorgado por CAF y aportes del Tesoro provincial. El plan incluye nuevos estadios, centros deportivos, pistas, villas, obras urbanas y equipamiento de alto rendimiento.

La Provincia presenta esas intervenciones como un legado permanente para las ciudades anfitrionas y el deporte santafesino. El punto que plantea el diputado provincial Marcos Corach es qué estructura permitirá garantizar que ese legado efectivamente se sostenga en el tiempo.

“El verdadero debate es qué va a pasar con toda la inversión que se había hundido en la ejecución de los Juegos Odesur”, planteó Corach, al recordar el proyecto que presentó en la Cámara de Diputados para crear un organismo específico de gestión de la infraestructura y el legado deportivo.

La pregunta que queda después de los Juegos

Corach aclaró que su planteo no apunta a discutir si la inversión realizada fue correcta o incorrecta. “No tiene mucho sentido hoy ponerse a discutir si se pudieran o no se pudieran haber hecho”, sostuvo en diálogo con el programa "Hablemos de Política" por Onda Streaming.

El interrogante, según explicó, aparece una vez terminada la competencia: quién administra cada escenario, cómo se financia su mantenimiento y de qué manera se garantiza que puedan ser utilizados por deportistas de toda la provincia.

“¿Qué pasa con el estadio? La inversión de la infraestructura que se hizo en Rosario o en Rafaela, el velódromo de Rafaela, ¿quién gestiona? ¿Quién lo administra?”, planteó.

Para el legislador, el problema no es solamente quién tendrá formalmente la administración, sino quién asumirá los costos cotidianos de mantener instalaciones construidas con estándares de alta competencia.

“Si uno de los listones de madera se rompe, ¿quién lo paga? ¿La municipalidad va a poner dos carpinteros municipales con una madera y reparar eso e inutilizar?”, ejemplificó.

El planteo apunta a anticipar una situación habitual en grandes obras deportivas: instalaciones que requieren costos de mantenimiento superiores a las posibilidades presupuestarias de los municipios que quedan a cargo de ellas.

El riesgo de construir y no definir cómo sostener

En su proyecto, Corach advierte justamente sobre el riesgo de que grandes obras públicas terminen convirtiéndose en estructuras subutilizadas o deterioradas por falta de un modelo de administración.

Los ejemplos internacionales de infraestructura deportiva que quedan abandonadas después de grandes eventos son utilizados en los fundamentos de la iniciativa como advertencia sobre la necesidad de planificar el futuro de las instalaciones.

El diputado sostuvo que la discusión sobre el legado debería desarrollarse al mismo tiempo que se organiza la competencia, y no cuando los Juegos ya hayan terminado.

“Todo este tipo de interrogantes que uno imagina que deberían estar desde antes, o sea, al mismo tiempo que estás organizando, que es una tarea tremenda la organización. Pero después, cuando se termina, ¿qué pasa?”, cuestionó.

Y aclaró: “Nadie dice ni que la inversión esté mal hecha, ni que eso va a quedar vaciado, pero no está claro”.

Un velódromo para Rafaela: el caso que resume el debate

Entre las obras que concentran la atención aparece el velódromo cubierto de Rafaela, una infraestructura inédita para la ciudad y una de las grandes apuestas deportivas del proyecto.

La Provincia lo presenta como uno de los principales legados de los Juegos y como una instalación de estándar internacional. Junto con el Estadio Multipropósito, las pistas de BMX y skate y la Villa Deportiva, forma parte del nuevo polo deportivo que se está construyendo en Rafaela.

Pero Corach plantea una pregunta concreta: ¿Cómo podrá acceder a esa infraestructura un deportista que vive lejos de la ciudad?

“¿Cómo hacer para que un ciclista de Tostado pueda usar el velódromo de Rafaela para ir a entrenar? ¿Quién va a abrir?”, preguntó.

El mismo criterio aplicó a las instalaciones acuáticas de Rosario: “El nadador de Santa Fe pueda ir y entrenarse en la pileta que está en la ciudad de Rosario”.

La discusión, entonces, no es solamente administrativa. También es sobre el acceso federal al legado deportivo.

Qué propone el proyecto de Corach

El proyecto presentado por Corach propone crear el Ente Provincial de Gestión de la Infraestructura y el Legado Deportivo de los Juegos Suramericanos, un organismo autárquico vinculado institucionalmente con el Poder Ejecutivo provincial.

La iniciativa plantea que ese ente reciba y administre la infraestructura deportiva, tecnológica y equipamiento financiados total o parcialmente por la Provincia en el marco de los Juegos.

Entre sus funciones estaría la elaboración de un inventario permanente de los bienes, la administración de los escenarios, la planificación de su uso y la coordinación con federaciones deportivas y gobiernos locales.

El modelo busca que las instalaciones puedan utilizarse para programas de tecnificación, concentraciones de atletas, competencias provinciales y actividades deportivas después del evento.

La administración sería provincial, pero con participación local

Uno de los aspectos centrales del proyecto es evitar que los municipios sede deban afrontar por sí solos los costos de funcionamiento.

Corach propone que, cuando las obras se hayan realizado sobre terrenos municipales, se firmen convenios para que el ente provincial pueda asumir total o parcialmente los gastos de mantenimiento, conservación, seguridad, conectividad, personal técnico y servicios públicos.

Como contraparte, los municipios conservarían un porcentaje de disponibilidad para las actividades de la comunidad local, mientras el ente administraría el calendario general para garantizar el acceso a programas provinciales.

El objetivo es combinar financiamiento provincial con participación municipal, evitando que una infraestructura de alta complejidad quede atada exclusivamente a un presupuesto local.

Una administración que también pueda generar ingresos

La propuesta no contempla que el Estado sea necesariamente el único operador de las instalaciones. El proyecto habilita al ente a explotar los espacios directamente o mediante terceros a través de concesiones, alquileres, derechos de uso, patrocinios y acuerdos de colaboración público-privada.

La condición, según los fundamentos, es que esas herramientas se utilicen bajo criterios de rentabilidad social y sustentabilidad económica.

Corach planteó, en ese sentido, una posibilidad que debería ser discutida: “¿Qué puede pasar? Una concesión, eso, que venga una empresa y quiera el estadio para hacer recitales o cosas o eventos”.

La concesión, aclaró, puede ser una alternativa, pero no debería implicar que el uso deportivo quede relegado.

“Un canon, por ejemplo. Pero bueno, es una alternativa, pero se me ocurre a mí como se le había ocurrido a un montón”, señaló.

José Busiemi

La propuesta de un fondo para el interior

El proyecto agrega además un componente de federalismo deportivo. Corach propone crear un Fondo de Compensación Deportiva Territorial, que recibiría al menos el 50% de los recursos netos remanentes que genere la explotación comercial y los cánones de las instalaciones, una vez descontados los costos de mantenimiento y operación.

Ese fondo tendría como destino obras deportivas menores, playones, equipamiento para clubes de barrio y programas destinados a localidades que no fueron sedes de los Juegos.

También permitiría financiar becas de traslado y alojamiento para que atletas y delegaciones juveniles del interior puedan utilizar los centros de alto rendimiento construidos para la competencia.

La idea es que la inversión realizada con recursos provinciales tenga un impacto que exceda a las tres ciudades anfitrionas.

Un consejo con participación de federaciones y municipios

El esquema se completa con un Consejo Consultivo del Legado Deportivo, integrado por representantes de las federaciones deportivas que utilicen la infraestructura y de municipios que no hayan sido sedes de los Juegos.

El órgano tendría carácter consultivo y podría proponer actividades, evaluar el uso federal de las instalaciones y formular iniciativas para el Fondo de Compensación Deportiva Territorial.

La intención es que las decisiones sobre el futuro de los escenarios no queden exclusivamente concentradas en el Gobierno provincial.

Las obras que quedarán después de los Juegos

La escala del debate se comprende al observar la infraestructura que se está construyendo.

En Santa Fe, el plan contempla la renovación integral de la pista de atletismo del CARD, una nueva tribuna para 900 espectadores y el Estadio Multipropósito, que conformarán un polo deportivo de alto rendimiento. También se construye la Villa Suramericana, cuyas 346 viviendas serán destinadas a familias santafesinas una vez concluida la competencia.

En Rafaela, el legado incluye el velódromo cubierto, el Estadio Multipropósito, las pistas de skate y BMX, la Villa Deportiva y distintas obras urbanas y de conectividad.

En Rosario, el programa provincial incorpora nuevos escenarios deportivos y obras vinculadas al Centro Acuático y otros espacios para competencias de nivel internacional. La inversión general contempla infraestructura deportiva, urbana y habitacional destinada a las tres ciudades sede.

La propia organización oficial define esas instalaciones como un legado para el deporte y la comunidad, pero el debate sobre quién administrará y financiará ese legado todavía permanece abierto.

También apareció otro reclamo sobre el destino de los bienes

La discusión sobre el día después ya llegó a los concejos municipales.

En julio, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto para solicitar que, una vez finalizados los Juegos, los bienes muebles y el equipamiento deportivo utilizados durante la competencia sean cedidos a la Municipalidad para ser destinados a instituciones deportivas, culturales y organizaciones de bien público.

Ese planteo impulsado por el edil Julián Martínez muestra que el debate excede las grandes obras de infraestructura y alcanza también a equipamiento, materiales y bienes adquiridos para la competencia.

El día después ya forma parte de la discusión

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas y más de 50 disciplinas deportivas.

Pero antes de que comiencen las competencias, la pregunta por el futuro de las instalaciones ya está instalada.

“La historia internacional está plagada de ejemplos de ‘elefantes blancos’”, advierte Corach en los fundamentos de su proyecto, al plantear que una inversión de esta magnitud necesita una estrategia que vaya mucho más allá de la competencia.

Su propuesta consiste en crear una estructura específica que permita administrar, mantener, financiar y distribuir el uso de las instalaciones, con participación provincial, municipal y deportiva.

El debate que plantea es, en definitiva, qué ocurrirá cuando se apaguen las luces de los Juegos: quién abrirá las puertas de los estadios, quién pagará las reparaciones, cómo podrán usarlos los deportistas del interior y qué modelo garantizará que una inversión histórica no termine limitada a unas pocas ciudades.

Porque el verdadero legado de los Juegos Suramericanos no se medirá solamente por cómo Santa Fe organice la competencia en septiembre, sino por qué haga con toda esa infraestructura durante los años que vendrán.