EPE: detectan abusos, excesos y potenciales fraudes en usuarios de la tarifa social

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15 mil usuarios tras detectar abusos y posibles fraudes en el marco del programa de Tarifa Social. En los próximos días se intensificarán los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio._ A través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) identificó múltiples situaciones irregulares entre los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada. Entre los casos detectados se encuentran suministros vinculados a personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales y hasta propiedades ubicadas en barrios de alto valor inmobiliario. El objetivo del programa de Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre lo que paga un usuario con tarifa social y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, los controles implementados buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva, para evitar que los excesos de unos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos. *Casos detectados* Además de los casos mencionados, se identificaron situaciones que evidencian el mal uso del espíritu del beneficio. Por ejemplo: * El consumo promedio de un hogar ronda los 700/800 kW bimestrales. Sin embargo, se detectaron consumos de hasta 6.500 kW en barrios residenciales, con facturas por $ 1.477.057. En ese caso, el usuario pagó $ 1.028.237, mientras que el Estado debió cubrir $ 448.820 como parte del subsidio. * En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó sólo $ 17.584 sobre un total de $ 720.000, lo que obligó al Estado a subsidiar $ 703.083. * Solamente en uno de los circuitos de medición, durante el mes de abril, se registraron 13 usuarios con tarifa social y consumos superiores a los 5.000 Kw, con facturas que oscilaron entre $ 1.000.000 y $ 1.500.000. En total, el Gobierno provincial debió compensar $ 4.681.000. * También se detectaron beneficiarios registrados tributariamente ante ARCA como Responsables Inscriptos, es decir, personas que desarrollan actividades económicas, tributan en el régimen general y deben liquidar impuestos como IVA y Ganancias. * Las irregularidades detectadas también incluyeron casos, en donde personas jubiladas a quienes se les había asignado la tarifa social, ya no se encontraban viviendo en el domicilio declarado. En los próximos días se van a intensificar los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio, que tiene como objetivo asegurar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos.